Petitorio para Financiamiento de la Ley del Auditor y Fomento del Control Concurrente, así como la derogación de la Novena Disposición Complementaria de la Ley N° 32103.

A la atención del Congreso de la República del Perú y líderes políticos.

Estimados congresistas y líderes políticos:

Nos dirigimos a ustedes en representación de un sector de la ciudadanía comprometido con la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, para solicitar su intervención en el financiamiento y promoción de dos aspectos cruciales en la lucha contra la corrupción y la mejora del uso de los recursos del Estado: la implementación efectiva de la Ley del Auditor y el impulso del control concurrente en todas las instituciones públicas. Al respecto, señalamos lo siguiente:

1. Sabotaje a la Ley 31358, que establece medidas para la expansión del control concurrente:

El control concurrente en Perú ha generado un ahorro significativo en las inversiones públicas. Según datos recientes, entre 2018 y 2023, este tipo de control permitió ahorrar aproximadamente 3,829 millones de soles en más de 1,900 inversiones, principalmente a través de la reducción de sobrecostos y la mejora en la ejecución de proyectos. Bajo la supervisión del control concurrente, las inversiones han visto una disminución anual promedio de costos del 5.5%, mientras que las que no fueron controladas experimentaron un aumento en costos de más del 6%. Además, cada proyecto supervisado ahorró en promedio 2 millones de soles.

Sin embargo, la Novena Disposición Complementaria de la Ley N° 32103, que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica y dicta otras medidas, modificó el artículo 2 de la Ley 31358, reduciendo el presupuesto para el control concurrente del 2% al 0.5%. Esta medida pretende despedir al 75% de los auditores de la Contraloría General de la República (CGR), lo que dejaría sin control los gastos del Gobierno en 2025.

 

2. Sabotaje a la Ley N° 32064, que garantiza la autonomía y profesionalización de la carrera del auditor gubernamental:

La Ley del Auditor es esencial para asegurar que las auditorías se realicen con independencia, objetividad y calidad. Para cumplir con estos objetivos, es fundamental que se destinen los recursos financieros adecuados. Esto permitirá a los auditores desempeñar sus funciones con la independencia necesaria, sin presiones externas, garantizando una supervisión efectiva de los recursos públicos y la identificación temprana de irregularidades. Mediante la Novena Disposición Complementaria de la Ley N° 32103, se ha reducido el presupuesto para el control concurrente, lo que ha saboteado la implementación de la Ley N° 32064.

Esto podría llevar a la CGR a despedir a los auditores contratados y a regresar a un sistema en el que los Órganos de Control Institucional dependan nuevamente del gobierno para su financiamiento, lo que comprometería la objetividad del control.

La implementación efectiva de la Ley del Auditor y el impulso del control concurrente son pilares fundamentales para una gestión pública transparente y eficiente. Por ello, solicitamos al Congreso de la República que tome las medidas necesarias para garantizar el financiamiento adecuado de la Ley del Auditor y para fomentar el control concurrente en todas las instituciones del Estado.

Es incongruente que el Congreso haya aprobado las Leyes N° 31358 y N° 32064 en los últimos dos años con el fin de fortalecer el control gubernamental y luchar contra la corrupción, y que ahora el gobierno sabotee a la Contraloría recortando su presupuesto mediante la Novena Disposición Complementaria de la Ley N° 32103.

Por lo tanto, pedimos al Congreso que derogue la Novena Disposición Complementaria de la Ley N° 32103 y revierta sus efectos para fortalecer el control concurrente y garantizar el presupuesto para la implementación de la Ley N° 32064, que garantiza la autonomía y profesionalización de la carrera del auditor gubernamental.

"El gasto público solo alcanza su máxima eficacia y eficiencia cuando es controlado y fiscalizado por entidades independientes."


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