NO A LA LEY ROY DE INDULTO PARA LAS FARC

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Simon Gaviria

Presidente Cámara de Representanres

cc:

Dr. Juan Manuel Corzo - Presidente del Congreso de la República

Dr. Gustavo Eduardo Gómez - Presidente Consejo de Estado

Dr. Carlos Humbero Turquino - Presidente Corte Suprema de Justicia

Dr. Juan Carlos Henao - Presidente Corte Constitucional

Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado - Procurador General de la Nación

REF: NO A LA LEY ROY DE INDULTO PARA LAS FARC

LOS CIUDADANOS ABAJO FIRMANTES

1 - Expresamos nuestra solidaridad con nuestros compatriotas víctimas de secuestros, homicidios, genocidios y otros crímenes atroces perpetrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), El Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejercito de Liberación Nacional (EPL) tipificados en la legislación colombiana y en los tratados internacionales y el Derecho Internacional Humanitario como delitos de lesa humanidad.

2 - Respaldamos la  labor que con sacrificio y entrega hacen los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia en favor de la seguridad de sus conciudadanos en campos y ciudades para proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos.

3 - El incremento de la inseguridad en todo el país no se debe a la percepción o exageraciones de los ciudadanos o de los medios de comunicación, es una realidad que nos sentimos menos seguros que hace 2 años, debido al creciente accionar de los grupos narcoterroristas y criminales.

4 – El deterioro en el orden público se debe en gran medida a la inseguridad jurídica de nuestros soldados y policías, quienes ven en el combate un riesgo latente de ser sometidos por la justicia penal ordinaria a 30 o más años de cárcel, por la acción de fiscales que desconocen los términos más simples la actividad militar y que muchas veces obedecen a una guerra jurídica, condenando sin pruebas o con testigos falsos y de poca credibilidad a los más altos servidores de la Patria.

5 - Su gobierno puede ser exitoso si cumple con todas las promesas que hizo en campaña, especialmente la continuidad de la seguridad democrática, con el fin de restablecer el orden y la paz en todo el territorio colombiano.

6 - Las Farc y el ELN son bandas criminales organizadas, narcotraficantes, terroristas  y responsables de delitos de lesa humanidad, por lo cual sería inadmisible moral, política y jurídicamente que el Gobierno, en nombre del Estado y del Pueblo colombiano, permita la suspensión de la pena en caso de ser condenados y su eventual participación en cargos públicos y de poder contratar con el Estado.

7 - Aún si los grupos guerrilleros de las Farc y el ELN dejaran el secuestro, el terrorismo y el narcotráfico, los crímenes cometidos durante más de seis décadas son actos de ferocidad y barbarie que no pueden ser olvidados ni mucho menos sujetos de perdón por la sociedad civil y sus representantes en el Estado, por medio de propuestas como la radicada por el senador Roy Barreras y que usted avaló y presentó a la mesa de Unidad Nacional.

SOLICITAMOS

1 - Desistir del proyecto de acto legislativo de justicia transicional, de iniciativa del senador Roy Barreras llamado Marco Legal para la Paz, ya que consideramos lesivo contra las víctimas, y en general contra todo el pueblo colombiano, que exista la posibilidad que a los autores de delitos de lesa humanidad se les pueda "ordenar la renuncia a la persecución penal" como prevé el proyecto y mucho menos que se les permita ser candidatos a cargos de elección popular, elegidos, designados como servidores públicos, celebrar contratos con el Estado.

2 – Restablecer las garantías constitucionales a los miembros de las Fuerzas Armadas, en materia de fuero militar y que constantemente han sido violadas por las instituciones del Estado a pesar de ser un derecho consagrado en la Constitución Nacional con el fin de brindar seguridad jurídica al soldado por la labor que exige un conflicto armado interno como el que se desarrolla en Colombia.

Los colombianos depositamos nuestro voto de confianza en usted, seguros que seguiría la política de Seguridad Democrática del ex presidente Uribe. Si desea realmente pagar la deuda moral con las víctimas hágalo aplicando el peso de la justicia y el rigor de la ley a estos criminales.  Ni la sociedad ni el Estado pueden someterse a las presiones criminales  para negociar con ellos el régimen político, jurídico , económico y social de toda una nación. Ningún criminal puede convertirse en interlocutor válido  para representar los intereses del pueblo colombiano,  trabajador, honesto y cumplidor de la ley. Ni las Farc, ni el ELN son un grupos alzado en armas con objetivos políticos ni reivindicaciones sociales,  ni defienden los intereses del pueblo; al contrario  son los asesinos y secuestradores de aquel.

Le solicitamos hacer todo lo que sea necesario para consolidar la política de seguridad democrática como una política de Estado que mantenga la tranquilidad, seguridad y confianza que estamos recuperando y que por más de 60 años  los bandidos nos las han negado, y que sea la derrotar militar o la rendición incondicional de las Farc y el ELN la única salida a tantos años de violencia y terror. Para ello exigimos el respeto del fuero militar, derecho consagrado en la Constitución Nacional, y que sea mantenido en el proyecto de Reforma a la Justicia que cursa en el Congreso.

Honorable congresista, recuerde las sabias palabras del ilustre ex presidente Guillermo León Valencia el "Presidente de la Paz", llamado así no porque dialogó con los bandidos sino porque los combatió, y que hoy tienen plena vigencia: “El diálogo existe mediante una diligencia judicial que se llama indagatoria, en la cual el representante del Estado es el juez”. Este es el único dialogo que aceptamos los colombianos con los narcoterroristas de las Farc y el ELN.